Es necesaria la creación de una plaza digital pública (DPD) para los menores
I.- La creación de infraestructura pública segura para menores en el entorno digital
En el entorno físico la salvaguarda del interés superior del menor no se delega totalmente en el sector privado, sino que habitualmente se garantiza mediante la provisión directa de infraestructuras públicas —tales como parques infantiles, equipamientos educativos y plazas ciudadanas— diseñadas bajo estrictos estándares de seguridad, neutralidad y accesibilidad universal.
Por el contrario, en el plano digital las Administraciones Públicas han externalizado la arquitectura relacional en la plataformas en línea cuyos modelos de negocio e incentivos financieros divergen sistemáticamente del bienestar de los menores.
Por ello es necesario que el Estado asuma una posición proactiva mediante la creación de un plaza digital pública para los menores (PDP), que no busque sustituir la actual oferta comercial, sino que pretenda habilitar una alternativa pública institucional, diseñada desde los cimientos normativos de la Unión Europea y orientada exclusivamente al desarrollo social, educativo y cultural seguro de los menores.
Este espacio debe garantiza que los menores puedan interactuar, experimentar y cometer errores de manera libre sin sufrir daños psicológicos, reputacionales ni comerciales, de tal manera que al experimentar de primera mano una navegación limpia y libre de dinámicas de enganche, el menor interioriza un «patrón oro» de bienestar digital.
Esta vivencia debe dotar a la infancia de las competencias cognitivas y el pensamiento crítico necesarios para que cuando posteriormente acceda a las redes sociales y a las plataformas comerciales externas, sean capaces de detectar de forma autónoma los elementos manipuladores, los patrones oscuros (dark patterns) y los algoritmos diseñados para atacar su salud mental, como por otra parte así impone el artículo 5.1 de la ley del menor (1/1996).
Y precisamente en esa línea se pronuncian las recientes recomendaciones que el panel de expertos creado por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, presentó el día 13-7-2026, como respuesta estratégica de la Comisión Europea ante la creciente crisis de salud mental juvenil y para desarrollar un enfoque europeo fuerte y práctico para mantener a los niños seguros online:
En la recomendación 3 (página 131) se habla de financiar y promover la creación y el uso de redes sociales y otros servicios digitales basados en los valores de la UE, donde los menores puedan interactuar de forma segura entre sí.
Se trata de apoyar con inversión pública la creación e integración de redes sociales y otros servicios digitales basados en los valores de la UE, seguros desde su diseño y adecuados a la edad.
Dichos servicios deben garantizar la disponibilidad de información fiable, donde los niños y adolescentes (y también los adultos) puedan tener interacciones seguras en línea sin exponerse a funciones perjudiciales.
II.- Ejes estratégicos
1.- Control Parental Obligatorio y Acceso Condicionado
Para garantizar un entorno digital verdaderamente seguro y alineado con el principio de bienestar desde el diseño, el ingreso de los menores no puede depender de la mera autoafirmación de la edad por lo que debe establecerse un protocolo estricto de corresponsabilidad familiar y validación técnica:
1.1.- Mecanismo de acceso condicionado
- Consentimiento expreso y vinculante: Para todos los usuarios menores de edad, el ecosistema requerirá de manera obligatoria y auditable el consentimiento expreso de la madre, padre o tutor legal antes de proceder a la creación de cualquier perfil o cuenta.
- Proceso de alta mancomunado: La apertura de la cuenta requerirá un flujo técnico en dos pasos: una solicitud inicial por parte del menor (o del adulto) y una posterior validación segura por parte del progenitor que confirme la autorización real.
1.2.- Trazabilidad e identificación auditable.
- Verificación de la Relación Filial: El sistema implementará mecanismos técnicos que permitan verificar, de forma segura y respetuosa con la privacidad, el vínculo legal entre el adulto autorizante y el menor, evitando la suplantación de identidad.
- Auditoría del consentimiento: Las autorizaciones emitidas por los progenitores quedarán registradas de forma cifrada y auditable por los organismos reguladores pertinentes, sirviendo como evidencia de cumplimiento normativo por parte de la plataforma sin vulnerar la minimización de datos.
1.3.- Co-gestión del Perfil del Menor.
- Panel de control parental activo: Una vez concedido el acceso, los progenitores mantendrán un rol de supervisión compartido. Esto incluye la capacidad de configurar los límites de tiempo diarios, restringir el acceso a funcionalidades específicas (como mensajes directos con desconocidos) y activar el filtrado estricto de contenido algorítmico.
- Revocación inmediata: El consentimiento otorgado tendrá carácter reversible. En cualquier momento, el padre, madre o tutor legal podrá suspender o eliminar de forma inmediata el perfil del menor desde su propio dispositivo.
1.4.- El ecosistema público debe basarse en estándares abiertos e interoperabilidad obligatoria
- Se debe exigir que los sistemas operativos dominantes (iOS y Android) integren esta plaza digital pública como una opción de configuración nativa y accesible desde el primer encendido del dispositivo, impidiendo que las corporaciones privadas impongan barreras técnicas a la alternativa pública.
2.- Privacidad por defecto y minimización de datos
En estricta observancia del principio de minimización de datos consagrado en el artículo 5.1.c) del RGPD, así como de las directrices específicas del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) sobre la privacidad desde el diseño y por defecto, la plaza digital pública operará bajo un modelo de impacto comercial cero.
Esto implica que la arquitectura técnica del ecosistema está configurada nativamente para impedir cualquier explotación secundaria de la información del usuario, estructurándose a través de los siguientes pilares operativos:
2.1.- Aislamiento perimetral y ofuscación técnica
- Bloqueo de geolocalización: Las cuentas mantendrán desactivados por defecto y de forma irreversible los módulos de posicionamiento global (GPS), triangulación de redes o cualquier tecnología de rastreo físico, impidiendo la trazabilidad de los movimientos del usuario en tiempo real o histórico.
- Depuración automatizada de metadatos: El sistema integrará un filtro de subida (upload filter) que eliminará de forma automática cualquier metadato incrustado en los archivos multimedia (datos EXIF, etiquetas de cámara, fechas de captura o coordenadas geográficas) antes de que el contenido sea procesado o almacenado.
- Inmunidad frente a la indexación externa: Se implementarán directivas estrictas de exclusión para motores de búsqueda (protocolos robots.txt avanzados, etiquetas no índex y arquitecturas cerradas) para garantizar que los perfiles, contenidos e interacciones permanezcan invisibles para rastreadores externos y herramientas de raspado de datos (scraping).
2.2.- Restricción de tráfico no solicitado (Entornos Estancos)
- Redes de contactos validadas de forma recíproca: El flujo de comunicación (mensajería directa, comentarios, menciones o contenidos compartidos) estará blindado frente a terceros ajenos al círculo de confianza. El intercambio solo será técnicamente posible si existe una confirmación bidireccional, explícita y previa entre ambos usuarios.
- Mitigación del acoso y spam: Se inhabilita la posibilidad de recibir solicitudes o interacciones de perfiles públicos, comerciales o no verificados, neutralizando vectores de riesgo como el cyberbullying, el contacto no deseado por parte de adultos (grooming) o la exposición a contenidos no solicitados.
2.3.- Inexistencia de monetización y capitalismo de vigilancia
- Exclusión de la elaboración de perfiles (Profiling): El sistema prohíbe el análisis automatizado del comportamiento, las preferencias, los tiempos de lectura o los patrones de interacción de los usuarios. No se generará ningún tipo de identificador único destinado a predecir conductas.
- Veto a la publicidad dirigida y comportamental: Al no existir segmentación ni recopilación de intereses, el entorno queda completamente limpio de publicidad programática, anuncios sugeridos o contenidos patrocinados que busquen capturar la atención del usuario mediante técnicas persuasivas.
- Prohibición de transferencia a terceros: Se establece una limitación legal respecto a la venta, cesión, compartición o agregación de datos con terceras empresas, corredores de datos (data brokers) o socios comerciales, garantizando que los datos nunca salgan del control perimetral de la plataforma.
2.4.- Soberanía del Dato e Infraestructura de Alojamiento Local.
- La plaza digital pública se ejecutará exclusivamente sobre servidores e infraestructura de nube gestionada directamente por el Estado o en territorio de la Unión Europea bajo gobernanza 100% pública, impidiendo cualquier forma de dependencia tecnológica (vendor lock-in) o sumisión a jurisdicciones extranjeras en materia de inteligencia.
3.- Desmantelamiento de la arquitectura persuasiva y algoritmos de enganche
A diferencia de los modelos comerciales de las plataformas online tradicionales —cuya rentabilidad depende de maximizar el tiempo de permanencia mediante técnicas de diseño persuasivo que inducen a hábitos compulsivos—, esta infraestructura pública reemplaza de raíz dichos mecanismos.
Con el fin de evitar las dinámicas de «madriguera de conejo» (rabbit holes) que amplifican contenidos polarizantes o distorsionadores para retener la atención del menor, el entorno digital se estructurará bajo los siguientes principios operativos:
3.1.- Ecoeficiencia cognitiva y fricción operativa deliberada
- Erradicación de automatismos adictivos: Supresión del desplazamiento infinito (scroll infinito) y de los sistemas de reproducción automatizada (autoplay), forzando pausas conscientes en la navegación.
- Mitigación del estrés digital y la ansiedad social: Eliminación de los contadores públicos de interacción cuantitativa (métricas de impacto, contadores de «me gusta» o visualizaciones) y de los indicadores de actividad en tiempo real (avisos de «escribiendo…» o confirmaciones de lectura de mensajes).
- Gobernanza del tiempo y desconexión: Integración de herramientas proactivas de gestión del tiempo y activación automatizada de notificaciones de desconexión obligatoria durante el horario de descanso lectivo y nocturno.
3.2.- Control de contenido basado en señales explícitas
- Primacía de las elecciones deliberadas: El flujo de información y la cronología del contenido se estructurarán exclusivamente a partir de las elecciones proactivas, temáticas y preferencias declaradas formalmente por el usuario, vetando cualquier recomendación opaca basada en perfiles conductuales.
- Neutralidad del entorno: Los sistemas de asistencia y despliegue de información evitarán activamente los sesgos comerciales, los estereotipos de género o la promoción involuntaria de conductas de riesgo.
3.3.- Búsqueda protegida y derivación asistida institucional
- Bloqueo técnico de vectores de riesgo: Restricción perimetral y bloqueo de etiquetas, términos de búsqueda o jerga vinculada a conductas autolíticas, radicalización o trastornos de la conducta alimentaria (TCA).
- Pasarelas de redirección inmediata: Ante cualquier intento de búsqueda o interacción relacionada con estos vectores de vulnerabilidad, el sistema interrumpirá el flujo estándar para desplegar pasarelas automatizadas de asistencia, derivando al menor de forma directa hacia los servicios públicos de salud mental y las líneas de ayuda nacionales oficiales.
3.4.- Protocolo de exclusión de identidades sintéticas (Deepfakes)
- Protección de la identidad y la imagen real: Se establecen restricciones perimetrales, técnicas y legales contra la carga, generación, procesamiento o difusión de cualquier tipo de contenido sintético o manipulado mediante técnicas de IA (deepfakes).
- Prohibición de suplantación: Queda tajantemente prohibido el uso de herramientas que busquen clonar, alterar o suplantar la imagen, la voz, los rasgos biométricos o la identidad de cualquier individuo dentro de la plataforma, protegiendo a los menores ante fenómenos de extorsión, acoso o desinformación dirigida.
4.- Moderación pública especializada y tutoría corresponsable
La plaza digital pública dispondrá de un modelo de mediación comunitaria e institucional diseñado para superar las deficiencias estructurales de la moderación puramente automatizada o subcontratada de las plataformas online tradicionales.
Este ecosistema sustituye los enfoques punitivos y los sesgos algorítmicos por una intervención humana, cualificada y protectora, articulada a través de los siguientes ejes operativos:
4.1.- Equipos multidisciplinares de mediación y custodia digital
- Personal empleado público cualificado: Gestión y supervisión continua (24/7) a cargo de un cuerpo especializado de empleados públicos con formación avanzada y homologada en derechos de la infancia, psicología del desarrollo, mediación comunitaria y resolución pacífica de conflictos.
- Intervención humana preponderante: Frente a los errores de contexto de la IA, las decisiones críticas de moderación, apelación y resolución de disputas recaerán siempre en el criterio humano, garantizando el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales del menor.
4.2.- Canales de denuncia intuitivos y accesibilidad cognitiva
- Tramitación simplificada y confidencial: Despliegue de mecanismos de alerta confidenciales, directos y blindados frente a represalias, diseñados específicamente para ser activados de forma sencilla por los propios menores.
- Adaptación evolutiva del entorno: Las interfaces de denuncia, los formularios y las respuestas del sistema se adaptarán dinámicamente al lenguaje, la madurez y las capacidades cognitivas de las diferentes franjas de edad, eliminando barreras burocráticas o terminología legal compleja.
4.3.- Herramientas de acompañamiento familiar y autonomía progresiva
- Paneles de Gobernanza Compartida: El concepto de control parental tradicional (basado en la vigilancia unidireccional o el bloqueo punitivo) se sustituye por entornos de supervisión corresponsable. Estos paneles permiten configurar de mutuo acuerdo los límites del espacio digital.
- Fomento de la corresponsabilidad: La arquitectura técnica promoverá la transparencia familiar y el ejercicio de la autonomía progresiva del menor. De este modo, las restricciones disminuyen de forma pautada y auditable a medida que el menor adquiere competencias digitales, madurez y responsabilidad en el entorno digital.
4.4.- Accesibilidad cognitiva y sensorial avanzada
- Garantizar que se adapten de forma nativa a menores con trastornos del espectro autista (TEA), discapacidades visuales o auditivas, asegurando que la alternativa del Estado no segregue a los más vulnerables.
4.5.- Auditoría externa independiente y rendición de cuentas anual
- Al tratarse de una infraestructura del Estado orientada a colectivos vulnerables, la PDP se someterá de forma obligatoria al nivel más alto de control del Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
- Anualmente, una agencia independiente externa —en coordinación con la Fiscalía de Menores y el Defensor del Pueblo— emitirá un informe de auditoría vinculante sobre la integridad de los algoritmos y el aislamiento perimetral de los datos, garantizando la máxima transparencia ante las asociaciones de familias.
5.- Cumplimiento de estándares de inteligencia artificial para el menor
La arquitectura técnica y jurídica de la plaza digital pública se estructura bajo un marco de obligaciones legales rigurosas y de cumplimiento proactivo.
Este diseño tiene como objetivo prioritario blindar la experiencia digital del menor frente al uso de la inteligencia artificial.
5.1.- Identificación Inequívoca de Entidades No Humanas
- Ante la integración de asistentes virtuales o herramientas basadas en IA generativa, el sistema exigirá que cualquier bot conversacional que interactúe con un menor detectado cumpla de forma estricta con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act).
- El agente automatizado deberá identificarse de manera inequívoca, inmediata y transparente como una entidad no humana.
5.2.- Gobernanza bajo el principio human-in-the-loop
- Se garantiza una estructura de control humano interconectado (human-in-the-loop). Ninguna decisión automatizada o sugerencia que impacte de forma crítica en el desarrollo, integridad o seguridad del menor podrá ejecutarse sin la revisión, supervisión y validación previa de un equipo de moderación pública especializada.
- Este equipo técnico mantendrá la facultad exclusiva de intervenir, auditar, rectificar o desactivar los sistemas de IA en tiempo real ante cualquier desviación que comprometa el bienestar de los usuarios.
III. Conclusión y viabilidad del proyecto: un imperativo político inaplazable
1.- Legitimidad democrática y la obligación prestacional ineludible del Estado
El despliegue de una infraestructura digital pública no admite interpretaciones tibias: no es una medida de restricción de mercados, ni un mecanismo de tutela o censura estatal.
Por el contrario, constituye el ejercicio legítimo, debido e imperativo de la función prestacional del Estado en el contexto de la sociedad de la información.
No nos encontramos ante un acto de control coercitivo, sino ante una política pública de capacitación activa y salvaguarda urgente de los derechos fundamentales de la infancia.
Es hora de dotar a los menores de espacios de socialización soberanos, seguros y desmercantilizados.
La intervención del sector público frente a la desprotección ciudadana cuenta con un sólido e incontestable arraigo histórico.
Así como el Estado interviene de forma sistemática cuando un entorno físico deviene hostil, insalubre o exclusivamente privatizado para garantizar los derechos constitucionales a la salud, la educación y el esparcimiento seguro, el entorno digital exige hoy exactamente la misma determinación política.
En la coyuntura actual, es un hecho empírico que el bienestar digital, el desarrollo cognitivo y la salud mental de toda una generación se encuentran en una situación de riesgo estructural crítico.
Prolongar la inacción por la falta de alternativas institucionales públicas y seguras en la red es una dejación de funciones que las Administraciones Publicas no pueden permitirse
2.- Sostenibilidad presupuestaria: inversión preventiva vs. coste social
La asignación de recursos económicos para la financiación, desarrollo y mantenimiento continuo de este entorno digital público es plenamente congruente con los techos de gasto y las partidas presupuestarias existentes.
Las Administraciones Publicas ya destinan de forma ordinaria recursos a la Protección de la Infancia, la Cohesión Social y la Transformación Digital Sostenible; reorientar estos fondos no representa un gasto superfluo.
Se trata de una inversión pública eficiente, estratégica y de naturaleza estrictamente preventiva siendo su objetivo el de mitigar los intolerables costes sociales, educativos y sanitarios derivados de los daños sistemáticos que una parte del ecosistema digital actual provoca diariamente en la juventud.
Financiar un proyecto como este hoy es una de tantas vías para evitar el colapso de nuestros sistemas de protección y salud mental mañana.
El estudio “la salud mental de los jóvenes en la era digital”, solicitado por la Comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo y publicado recientemente, ha advertido sobre el constante incremento de los problemas de salud mental entre la juventud de la Unión Europea (UE) y la necesidad urgente de articular una respuesta coordinada.
Señala que la mala salud mental de los jóvenes no es solo un problema social y humano, sino que acarrea un impacto macroeconómico muy profundo ya que se calcula que la mala salud mental juvenil le cuesta actualmente unos 177.000 millones de euros al año a la UE-27 y el coste acumulado de la inacción entre 2024 y 2033 se estima en 1,68 billones de euros (en valor actual de 2024), afectando directamente a la sanidad, la protección social, la educación y la pérdida de productividad laboral:
3.- El deber de proveer un espacio común libre de explotación.
Garantizar la existencia de este espacio común y de titularidad pública es, en última instancia, la única vía robusta para asegurar que los ciudadanos menores de edad puedan ejercer de forma efectiva sus derechos fundamentales, entre ellos a la información, la educación y la participación democrática digital.
Las Administraciones Públicas tienen la obligación legal de proporcionar un ecosistema tecnológico de socialización que esté absolutamente blindado frente a la explotación económica de las vulnerabilidades cognitivas propias de la edad.
Hace más de un siglo, en 1924, la humanidad firmó un compromiso ético ineludible en la Declaración de Ginebra: «La humanidad debe al niño lo mejor que puede darle».
Hoy, en plena era digital, este principio nos interpela directamente desde el boletín oficial de la realidad: estamos fallando en proteger ese «interés superior» en los entornos que nuestros jóvenes habitan a diario.
Los datos del reciente informe europeo sobre el coste de la inacción en salud mental juvenil son demoledores. La mala salud mental de nuestros jóvenes nos cuesta ya 177.000 millones de euros anuales en la UE, y la proyección a diez años asciende a la astronómica cifra de 1,68 billones de euros.
Pero más allá de la insostenible factura macroeconómica en sanidad y pérdida de productividad, el verdadero coste es humano: 1 de cada 5 jóvenes presenta un trastorno diagnosticable, arrastrado por factores de riesgo en línea como el diseño adictivo, el acoso y la exposición a contenidos nocivos sin un filtro ético.
Ante esta crisis, la respuesta regulatoria tradicional —basada en sancionar a posteriori o en delegar la responsabilidad de la seguridad en el consentimiento del propio menor o de sus familias— se ha demostrado a todas luces insuficiente.
La solución no pasa únicamente por prohibir o vigilar el mercado privado, sino por competir con él desde la esfera pública, ofreciendo una alternativa saludable.
Así como el urbanismo del siglo XIX creó parques públicos para oxigenar las ciudades industriales, el siglo XXI nos exige fundar una Plaza Digital Pública:
- Un espacio libre de la economía de la atención: Las grandes plataformas privadas están diseñadas bajo la lógica del beneficio, optimizando sus algoritmos para retener la atención del menor a costa de su bienestar emocional. Una plaza pública digital, financiada y gestionada con estándares públicos, priorizaría el desarrollo socioemocional, el aprendizaje y la socialización sana por encima del engagement adictivo.
- Privacidad y seguridad por diseño (Privacy by Design): En este espacio institucional, el cumplimiento de las recomendaciones de la CNIL y del RGPD no sería un obstáculo a sortear, sino la base fundacional del servicio. Los menores no serían el producto; sus datos no se venderían, ni se verían expuestos a la manipulación comercial de terceros.
- Inclusión para el «vacío intermedio»: Un entorno digital público permitiría integrar de forma nativa recursos comunitarios de apoyo, canales de mediación y herramientas de intervención precoz para ese 50% de jóvenes con necesidades de salud mental no cubiertas, garantizando un acceso equitativo especialmente para los colectivos más vulnerables.
La decisión política es clara: podemos seguir asumiendo el billonario coste de reparar la salud mental de una generación dañada por entornos digitales hostiles, o podemos ejercer nuestra responsabilidad como adultos y líderes públicos construyendo una infraestructura digital soberana, segura y verdaderamente protectora.
La creación de una Plaza Digital Pública no es una utopía tecnológica, es el cumplimiento contemporáneo de la promesa de Ginebra. Está en nuestras manos -ahora o nunca- liderar esta transición.
© Ramon Arnó Torrades, Lleida, 2026