. Auto del TS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, de 11-10-2018, Ponente, Sr. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca. Es lícito el acceso por parte de la madre al móvil de su hijo menor, para aportar a la policía diversos mensajes de whatsapp que acreditan la comisión de un delito de agresión sexual, actuación que es proporcional, dada la gravedad de los hechos, que se encontraban en fase de ejecución, de los que la madre tenía indicios de su comisión. Función tuitiva de la madre en ejercicio de la patria potestad. La madre es garante del libre desarrollo de la personalidad de su hijo. @familia_digital

La SAN de 29-6-2018 confirma la sanción a un centro comercial por importe de 40.001 euros por la vulneración del artículo 6.1 de la LOPD, por el tratamiento de datos personales sin consentimiento. Se declara la ilicitud de la conducta, al rebasar los límites del legítimo ejercicio del derecho a garantizar la seguridad de sus instalaciones y la actividad comercial desarrollada en su edificio, con lesión del derecho a la protección de datos de las personas que se encontraran en sus inmediaciones

El dictamen D18-2018 de la AVPD (www.avpd.euskadi.eus) resuelve la consulta de la Universidad del País Vasco sobre si los alumnos que realizan el prácticum en centros de educación sostenidos con fondos públicos, deben aportar el certificado del art. 13.5 de la ley 1/1996, manifestándose la AVPD de forma positiva y que el certificado puede aportarse, o bien por el interesado, o bien puede solicitarse el consentimiento al alumno para que una vez lo preste, sea el órgano competente quien recabe el certificado del registro central de delincuentes sexuales. El texto completo: http://www.avpd.euskadi.eus/contenidos/dictamen_avpd/d18_008/es_def/adjuntos/CN18-007_DIC_D18-008.pdf

La sentencia del TSJ del País Vasco de 7-11-2017, declara procedente el despido de un vigilante de Seguridad que conectó un router doméstico a la red informática de la empresa en la que prestaba servicios, titular de una infraestructura critica. La infracción se descubre a causa de diversos problemas de acceso informático que provocaron tres horas sin acceso a los servidores del cliente, destacando que el trabajador había suscrito con la empresa un conjunto de clausulas sobre el uso de los recursos tecnológicos de la empresa, donde expresamente se prohibían los usos con fines particulares. La Sala confirma la procedencia del despido por un incumplimiento grave y culpable del trabajador que se basa en las circunstancias y causas esgrimidas en la carta de despido, por los sucesos graves ocurridos y por la actitud y el comportamiento voluntario del mismo, habiendo asumido éste su responsabilidad respecto del aparato conectado de propiedad privada (router), lo que demuestra que dicha conducta fue desafortunada e intolerable. La conexión de un equipo privado con el sistema informático de una empresa con una infraestructura informática calificada de seguridad crítica, supone que la desatención y el incumplimiento grave deba ser reseñable y distinguible y que no pueda obviarse por ningún evaluador judicial. Estamos – dice la Sala- ante un puesto de trabajo de especial responsabilidad, encargado de una seguridad de instalación que se cataloga como crítica y por lo tanto el peligro de conexión imprudente, privado y con fines particulares, supone una interferencia que no es predicable con una graduación y proporcionalidad por su importancia y gravedad

La SAP de Zaragoza de 11-5-2017, analiza si la publicación por el acusado en su perfil abierto de Facebook el contenido de la vista oral, es constitutivo de un delito de revelación de secretos.

El acusado, después de la celebración del juicio oral el día 18-6 2016 en el Juzgado de lo Penal, público en su perfil abierto de la red Facebook, sin la autorización de su hija ni de la madre, el contenido íntegro de la vista oral, habiendo declarado la menor con biombo -que contaba con 16 años de edad-, a los efectos de no ser vista por su padre.

La AP señala al resolver el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, que la publicidad del proceso se configura como nota característica de un proceso justo, por lo que está fuera de toda duda su rango de derecho fundamental asociado a un proceso justo con todas las garantías.

La Autoritat Catalana de Protección de Datos (PS 22/2017) ha sancionado a una empresa de seguridad privada que prestaba servicios en un centro educativo de Barcelona por infracción del deber de secreto, ya que algún trabajador de la empresa de seguridad había anotado la contraseña de la cuenta de correo electrónico -con la que el centro educativo y la empresa de seguridad se comunicaban-, en un simple papel pegado en el monitor del centro de control, sin garantizar el obligado deber de secreto de la contraseña.

Es lícita la grabación por la madre de las conversaciones del móvil de la hija de 11 años por la sospecha de nuevo episodio de bullying que afecta a la estabilidad emocional, familiar y escolar de la menor, actuación que no es delictiva (art. 197.1 y 4 CP) sino que está amparada en la obligación de proteger a la menor en el ejercicio de las funciones y de los deberes de la madre como titular de la patria potestad, concurriendo el superior interés de la menor (Sentencia Juzgado de lo Penal 1 de Pamplona, de 29-5-2017, Ponente María Alemán Ezcaray) El texto de la sentencia: http://diariolaley.laley.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1CjUwMDC1BCITS7Wy1KLizPw827LM9NS8klQQPzOt0iU_OaSyINU2LTGnOFUtMak4P6e0JDW0KNM2pKg0FQByCOlbRQAAAA==WKE

La Agencia Española de Protección de Datos ha declarado que el Ayuntamiento de Valencia ha infringido la ley de protección de datos personales por realizar sin las garantías legales que impone la normativa, encuestas a 1.100

falleros al preguntarles sobre su ideología (si son de izquierdas o de derechas, por ejemplo) o con qué partido se sienten más identificados, personas a las que se les pidió además el nombre, los apellidos y el número de teléfono.

Algunas de las preguntas eran sobre su identidad (si se siente solo valenciano, solo español, más valenciano que español o al revés, etc.), su definición en materia religiosa (católico practicante, no practicante, creyente de otra religión, no creyente, ateo), el idioma que hablan (solo habla valenciano, o en ocasiones el castellano, etc.), la situación económica y política de la Comunidad Valenciana, el partido político con el que se sienten más cómodos, para finalmente pedirles que se definan en una escala que discurre entre la extrema izquierda y la extrema derecha.

Es totalmente incomprensible la razón que justifica el preguntar datos tan sensibles por parte de una corporación a personas que participan, simple y llanamente, en la organización de esta fiesta que la Unesco inscribió en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pero lo cierto es que el artículo 7.2 de la LOPD impone para ello un régimen muy protector para el tratamiento de estos datos personales, que aquí no fue respetado.

La ley ha diseñado un sistema muy tuitivo sobre el tratamiento de datos personales vinculados a nuestras esferas más íntimas (ideología, violencia de género, afiliación sindical, etnia, religión, creencias, infracciones penales, salud, vida sexual, etc.), datos personales etiquetados ahora como especialmente protegidos o como categorías especiales de datos, según la terminología del reglamento 2016/679 de protección de datos, a partir del 25-5-2018 que es la fecha de su plena aplicación.

Los datos sobre la ideología, la afiliación sindical, la religión y las creencias de las personas se han considerado históricamente como especialmente protegidos por la legislación en protección de datos (véase el convenio 108 de 1981 del Consejo de Europa o la directiva 95/46), por lo que sólo pueden ser tratados cuando la persona física titular de los mismos consiente expresamente y por escrito, previa advertencia del derecho a no prestar el consentimiento, como señala el artículo 16.2 de la CE al aclarar que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

Por tanto, para el tratamiento de los datos personales de ideología y religión, volviendo al caso del Ayuntamiento de Valencia, se exigía el consentimiento expreso (está prohibido el consentimiento tácito para estos tratamientos), que además constara por escrito (verba volant, scripta manent) y siempre que se tratara de una manifestación de voluntad libre, inequívoca, específica e informada (artículo 5 de la LOPD).

De la lectura de las preguntas de la encuesta, dice la AGPD, se percibe un tratamiento de datos de ideología y religión de las personas, ya que con las respuestas éstas pueden aparecer como defensoras de una opción ideológica y religiosa, por lo que la información debe calificarse como de naturaleza ideológica y religiosa, por cuanto refleja el modo en que el encuestado entiende el sistema social en el que está integrado.

A la pregunta de quien responde por el incumplimiento normativo, la respuesta es el Ayuntamiento de Valencia, que como responsable del tratamiento es quien debía recoger en el contrato de encargado de tratamiento con la empresa que realizaba las encuestas, la información del artículo 5 de la LOPD y también la obtención del consentimiento por escrito con las garantías del artículo 16.2 de la CE, siendo la sanción al consistorio infractor, lisa y llanamente, una simple declaración de infracción de la norma, pero sin multa

https://www.segre.com/es/noticias/opinion/col_laboracio/2018/03/25/ideologia_religion_los_falleros_tratamiento_datos_sensibles_42514_1126.html

La AP de Alicante, sección 1ª, en sentencia de 16/11/2017, Id Cendoj: 03014370012017100236, Ponente Dª Ana Hoyos Sanabria condena al acusado, mayor de edad y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia y que mantuvo una relación sentimental y de convivencia con la denunciante durante aproximadamente doce años, por un delito de stalking, figura penal introducida en el código penal en la reforma de 1/2015.

 

Auto de la AP de Pontevedra, sección 2ª de 25-10-2017, Ponente Dª María Del Rosario Cimadevila Cea, que confirma el auto de archivo del Juzgado de Instancia 2. El texto completo del auto: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8238519&links=whatsapp%20menor%20secreto&optimize=20171219&publicinterface=true